El fin del matrimonio - Guillermo Cartasso

El fin del matrimonio

Guillermo Cartasso

El reciente dictamen que da preferencia para el tratamiento en el recinto del proyecto de matrimonio homosexual es, más allá de toda consideración moral y convicción religiosa, un pretenso instrumento inconstitucional.

De la misma manera lo son los proyectos de uniones civiles que buscan unir a dos personas del mismo sexo con visos de esponsalidad.

Los tratados internacionales que incorporó la Constitución nacional en su última reforma de 1994, particularmente los referidos a los derechos humanos, suelen hablar de los derechos de las "personas" o, precisamente, "seres humanos". Pero cuando se refieren a la sagrada institución del matrimonio hablan de "hombre" y "mujer", con lo cual una lógica y sana interpretación legislativa nos permite comprender que el matrimonio es una institución que, hasta hoy, en el derecho internacional es receptada como la unión de dos personas de diverso sexo, es decir, un varón y una mujer.

Por lo expuesto, cualquier legislación que fuera votada positivamente en favor del matrimonio homosexual sería una clara violación de la Constitución vigente.

Además, una norma de este tipo cambiaría toda la lógica del ordenamiento jurídico argentino, ya que el Código Civil, inspirado en el antiguo derecho romano, considera el matrimonio como el consorcio y la unión de un hombre con una mujer.

Para el caso de las "uniones civiles", podemos decir exactamente lo mismo, ya que no sería más que un matrimonio de hecho, pero con el reconocimiento de unión civil, unión que, en última instancia, tiene los mismos derechos que el matrimonio.

Por lo tanto, descubrir el velo en la unión civil es encontrarse ni más ni menos que con un matrimonio homosexual disfrazado de otra denominación.

Es verdad que cualquier ser humano tiene derecho a vivir en pareja con quien guste, pero de allí a reconocer la unión de dos personas de igual sexo con características esponsales, sea matrimonio o unión civil, es no sólo contrariar la ley natural, sino también desconocer y sacrificar una auténtica antropología en el altar de una voluntad que es minoritaria.

En efecto, desde que se legalizó la unión civil entre personas del mismo sexo en la ciudad de Buenos Aires fueron poco más de cincuenta las uniones realizadas entre personas de la misma condición sexual, frente a miles de uniones y de matrimonios heterosexuales consagrados en el mismo período.

Entonces, la pregunta que impera es si se está legislando para la mayoría o se está poniendo el Congreso al servicio de los intereses de un sector que, aunque activo, es a todas luces minoritario.

El fin del matrimonio es la edificación mutua de los cónyuges, la cual está dada por el talento propio que aporta la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Es decir que no se puede ignorar que hombre y mujer tienen talentos que son connaturales a su condición sexual y que "sirven" para alumbrar una unión que tiene todas las condiciones para ser provechosa y feliz para los contrayentes.

Por otro lado, también la unión conyugal está destinada a la generación de la prole, es decir, en términos sociales, a la propagación de la especie. Ninguno de estos dos elementos, ni la mutua edificación aportada por lo masculino y lo femenino, ni la propagación de la especie, pueden darse en el contexto de esta pretendida institución de matrimonio homosexual, que parece ser sólo aceptada en el microclima que se genera muchas veces en los ámbitos legislativos y también en sectores minoritarios de la sociedad.

Porque no hay que olvidar que la cultura argentina no está preparada, por otra parte, y como argumento adicional, para un "matrimonio" de estas características. Nuestra sociedad sigue siendo sanamente ortodoxa y no se pliega a falsos progresismos que terminan desfigurando su rostro y empobreciendo una estructura que viene acuñada desde hace siglos.

Cabe pensar que la ideologización de ciertas posiciones pretenden imponerse a lo que es la recta razón y a lo que, en definitiva, quiere el pueblo argentino.

Es de desear que los legisladores nacionales tengan la lucidez suficiente para no apartarse más del sentir popular y, sobre todo, de lo que debe ser la misión de todo gobernante, es decir, trabajar por el bien común.

* El autor es abogado, director general de la Fundación Latina de Cultura y presidente del movimiento eclesial Fundar

Fuente: Diario LA NACIÓN, 22 de Junio del 2010.-